Por Redacción

Mexicali.- A propuesta del diputado Juan Manuel Molina García, el Pleno del Congreso exhortó a las autoridades municipales de San Quintín, con el propósito de asegurar que el cobro del impuesto predial se realice conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos 2026.

La medida solicita la inmediata armonización técnica y operativa de los sistemas de recaudación municipal, garantizando certeza y legalidad para los contribuyentes.

El legislador de Morena refirió que es imperativo evitar deficiencias administrativas que vulneren la seguridad jurídica de los contribuyentes, especialmente en un municipio en proceso de consolidación institucional. “No es aceptable que el cumplimiento de una obligación fiscal dependa de la voluntad o del conocimiento específico de un recaudador en turno”, indicó.

La Ley de Ingresos vigente contempla beneficios fiscales y tasas preferenciales, como el caso de predios en zonas de preservación ecológica, donde se estipula una tasa anual específica de 5.00 veces el valor de la UMA. Sin embargo, se han recibido denuncias formales de autoridades ejidales, entre ellas el Comisariado Ejidal de Punta Prieta, que señalan fallas en los sistemas informáticos de la tesorería municipal.

De acuerdo con los testimonios, durante los primeros meses de 2026 los sistemas no reflejaban automáticamente las cuotas legales, obligando a los contribuyentes a depender de la intervención manual de servidores públicos.

Esta falta de actualización tecnológica abre la puerta a la discrecionalidad administrativa y contraviene los principios de transparencia y certeza que deben regir en la recaudación pública. “La justicia fiscal consiste en aplicar lo aprobado por el Congreso de manera inmediata y sin margen de error”, destacó Juan Manuel Molina.

En conclusión, el llamado legislativo plantea que la Tesorería Municipal y la Coordinación de Recaudación de San Quintín instruyan las configuraciones necesarias para garantizar que todos los contribuyentes puedan realizar sus pagos conforme a lo estipulado en la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.