Por Redacción
Mexicali.– La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobó reformas al Código Penal para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales, cuando la conducta de una persona —ya sea por acción directa o por descuido— derive en daño a terceros. Esto incluye casos en los que el animal es azuzado, soltado deliberadamente o por omisión del deber de cuidado.
Durante la sesión, se otorgó el uso de la voz a la Lic. Ana Lidia Soto Romero, quien es la inicialista ciudadana, además de otras diputaciones, quienes expusieron sus consideraciones.
Como parte del resolutivo del Dictamen, se establece que si un ataque de animal causa la muerte de una persona, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión al propietario o garante del animal.
El diputado Juan Manuel Molina señaló que esta primera etapa busca establecer el tipo penal con claridad, para evitar impugnaciones y avanzar posteriormente en agravantes y sanciones. Aclaró que la reforma sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos.
Con el objetivo de las personas que presenten iniciativas ciudadanas participen en la discusión de proyectos legislativos, también se aprobó el proyecto presentado por la diputada Araceli Geraldo, para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado, específicamente el artículo 72.
De la misma forma se dictaminó como favorable la iniciativa de la diputada Michel Sánchez, la cual tiene como propósito establecer la obligación del Congreso del Estado de publicar en su portal oficial de Internet la información y el acceso para su consulta respecto a las iniciativas ciudadanas que han sido prestadas.
Por su parte la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda envío proyecto de reforma constitucional que armoniza la norma local con el decreto federal sobre simplificación orgánica, contempla la desaparición del ITAIP BC y transfiere sus funciones a los órganos de contraloría.
Además, fueron respaldadas las iniciativas de los diputados Diego Echeverría y Juan Manuel Molina para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mediante las cuales se plantea desclasificar información reservada bajo criterios claros, y obligar al Poder Judicial a difundir versiones públicas de todas sus sentencias.