Por Redacción
Mexicali.– Con el objetivo de armonizar el marco normativo estatal con los derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Baja California, con la finalidad de eliminar las causales de divorcio y permitir que cualquier persona pueda disolver el vínculo matrimonial por la sola manifestación de su voluntad.
Durante la exposición de motivos, la legisladora del Partido Verde explicó que esta reforma se fundamenta en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte. Dicho derecho implica la libertad de cada persona para definir su proyecto de vida, incluyendo la decisión de contraer matrimonio, permanecer casado o divorciarse, sin necesidad de justificar su decisión ante el Estado.
“El divorcio debe dejar de ser un proceso judicial cargado de culpa, desgaste emocional y burocracia. Ninguna persona debería estar obligada a permanecer casada si ya no lo desea. Esta iniciativa reconoce la dignidad y la autonomía individual como ejes centrales de nuestra vida jurídica”, expresó Padilla Mendoza.
La propuesta contempla reformas a los artículos 263, 264, 269, 270, 273 y 286, y deroga una veintena de artículos más, entre ellos los que enumeraban las antiguas causales para solicitar el divorcio. En su lugar, se establece que bastará con que uno de los cónyuges manifieste su voluntad de no continuar con el matrimonio, acompañado de una propuesta de convenio para regular las consecuencias legales del mismo.
Asimismo, se mantiene el esquema de divorcio administrativo y se establecen las reglas aplicables para los casos de mutuo consentimiento, preservando los derechos de hijos menores de edad y el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Padilla Mendoza subrayó que Baja California se encuentra rezagada en este tema frente a otras entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde el divorcio sin expresión de causa ya es una realidad jurídica. “No podemos seguir atando la disolución del matrimonio a un catálogo de culpas. La ley debe reflejar los principios de igualdad, libertad y respeto a la vida privada”, puntualizó.
Con esta iniciativa, se avanza hacia un modelo más respetuoso de los derechos humanos, al eliminar las cargas procesales injustificadas y proteger a las personas de procesos judiciales revictimizantes.