Por Redacción
Mexicali.– Con el propósito de ampliar el ámbito de aplicación de las políticas de erradicación de la violencia contra la mujer e incluir a los sindicatos como espacios donde también pueden ocurrir actos de violencia política, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó la reforma al artículo 10 BIS de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Baja California, presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández.
“Históricamente, los sindicatos han estado dirigidos por hombres, y es hora de que la ley reconozca y proteja el liderazgo político de las mujeres en estos espacios”, expresó el legislador.
El Dictamen No. 9 de la Comisión de Igualdad de Género —que contiene la iniciativa— establece que instituciones, organismos, sindicatos, dependencias públicas y privadas deberán contar con protocolos que prevean mecanismos para la acreditación, investigación y sanción de estas conductas.
“La participación sindical femenina debe reconocerse como una forma legítima de participación política, lo que implica sancionar la violencia política contra mujeres dentro de sindicatos”, puntualizó Ramos Hernández.
Los sindicatos, como actores relevantes en la estructura laboral, tienen responsabilidad en la protección de derechos de las personas trabajadoras y deben incluirse en las medidas de prevención institucional que exige la ley.
Previo a la votación Jorge Ramos destacó la participación de la inicialista Erika Barrios, presente en la sala, por su trayectoria en la vida sindical en defensa de las mujeres en Tijuana. “La reconozco, le aprecio y le valoro mucho su iniciativa”, expresó.
Asimismo, agradeció a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso del Estado, quienes durante una gira de trabajo en los municipios de Baja California recopilaron alrededor de 90 iniciativas ciudadanas en materia de seguridad, de las cuales surgió esta propuesta.
De esta manera dicho Dictamen contó con el respaldo unánime de las diputaciones, consolidando un paso firme hacia la igualdad y la protección de los derechos políticos y laborales de las mujeres en Baja California.