Por Redacción

Mexicali.- El diputado Ramón Vázquez Valadez, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 6 y 10 de la Ley de Salud Mental, con el objeto de promover la elaboración de un Protocolo Estatal de Postvención del Suicidio.

La propuesta busca garantizar atención integral, orientación y acompañamiento psicosocial oportuno a familiares y personas del entorno cercano de las víctimas, estableciendo lineamientos claros de actuación y coordinación interinstitucional.

“Cada muerte por suicidio produce consecuencias emocionales y sociales profundas en quienes quedan atrás; es indispensable que el Estado brinde apoyo oportuno para evitar duelos complicados y riesgos adicionales”, expresó el legislador.

En su exposición, el diputado refirió que el suicidio se ha consolidado como un problema de salud pública de creciente relevancia, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino por el impacto que genera en el entorno familiar y social. La ausencia de mecanismos institucionales claros para atender a las personas en duelo representa un vacío en la política pública de salud mental.

En este contexto, la literatura especializada y organismos internacionales han desarrollado el concepto de postvención del suicidio, entendido como el conjunto de acciones, estrategias e intervenciones dirigidas a brindar apoyo, atención y acompañamiento a las personas afectadas por la pérdida de un ser querido, con el objetivo de mitigar efectos adversos, facilitar procesos de duelo saludables y prevenir riesgos adicionales en la salud mental.

Además, se destacó que el suicidio representa el 1.1% del total de defunciones en México, con una tasa de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes, cifras que reflejan la urgencia de contar con mecanismos institucionales de atención y prevención.

“La postvención es un instrumento preventivo que permitirá acompañar a las familias, mitigar efectos adversos y evitar que el dolor se convierta en nuevas conductas de riesgo”, puntualizó Ramón Vázquez.

La iniciativa plantea que el protocolo articule acciones entre instituciones públicas, privadas y sociales, asegurando mecanismos de atención diferenciada, especialmente en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.